RESUMEN EJECUTIVO
- Las declaraciones y normas argentinas de 2026 sobre el Estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur forman una conducta de Estado sostenida, fundada en el «principio bioceánico» que Buenos Aires deriva del Protocolo de 1893.
- El riesgo principal para Chile es la erosión gradual de sus derechos territoriales y marítimos por cansancio, silencio y aquiescencia, mucho antes que un conflicto armado.
- Argentina desmiente a sus voceros sin tocar la doctrina. Los Decretos 457/2021, que define el Estrecho como espacio de «control conjunto», y 256/2010, que regula la navegación hacia Malvinas, siguen vigentes pese al compromiso escrito de 2025 de revisar el primero.
- La relación bilateral incuba un tercer ciclo largo de crisis, tras los de 1876–1902 y 1948–1984, que esta vez se libra en los frentes jurídico, cartográfico, comercial y logístico.
- Estados Unidos securitizó el Estrecho y el Paso Drake en su competencia con China y encontró en Argentina a su socio más dispuesto, con la Base Naval Integrada de Ushuaia como pieza central. En ese triángulo, Chile tiene hoy el vínculo más condicionado.
- El zarpe del buque Danstar hacia Puerto Stanley, previsto en torno al 10 de noviembre, puede llevar el ciclo a su fase detonante. La sección VIII propone un sistema de indicadores para seguirlo.
- Chile necesita una doctrina sistemática de protesta persistente, ejercicio visible de la soberanía y la seguridad del Estrecho, fortalecimiento de la puerta antártica y una tricontinentalidad elevada a política de Estado con respaldo legal y presupuestario.
I. LAS DECLARACIONES DE 2026 COMO CONDUCTA DE ESTADO
La perspectiva tradicional en Santiago suele interpretar cada desacuerdo con Argentina como un hecho coyuntural que se resuelve mediante gestiones telefónicas o notas diplomáticas puntuales. El análisis del corpus normativo e institucional demuestra que esa interpretación es insuficiente, porque la conducta de un Estado se mide por lo que repite sistemáticamente, bastante más que por sus desmentidos.
La secuencia de hechos registrados entre abril y octubre de 2026 evidencia una matriz conceptual coordinada e interinstitucional:
- Abril de 2026: El contraalmirante Hernán Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) de Argentina, aseveró públicamente que «la boca de Magallanes es argentina», lo que obligó a la Cancillería chilena a recordar la vigencia de los tratados que otorgan a Chile soberanía exclusiva sobre el Estrecho.
- 23 de agosto de 2026: El brigadier general Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, calificó a la zona austral y al Paso Drake como «llave bioceánica Atlántico-Pacífico» e incluyó a Magallanes entre los espacios de soberanía argentina. Tras la nota de protesta chilena, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, atribuyó los dichos a una «confusión».
- 29 de agosto de 2026: El almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, reconoció que el Estrecho pertenece a Chile, pero en la misma intervención definió al Atlántico Sur como el espacio de los pasajes bioceánicos y lamentó que los buques antárticos argentinos se reabastezcan en Punta Arenas por la demora en la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
- 3 de septiembre de 2026: Tras la reunión entre José Antonio Kast y Javier Milei, que concluyó con una declaración conjunta que reafirma la soberanía de Chile sobre el Estrecho y la vigencia de los tratados de 1881 y 1984, el canciller argentino Pablo Quirno declaró pocas horas después que Argentina es «un país bicontinental, bioceánico». Ese mismo día, Milei anunció la reactivación por decreto de la Base Naval Integrada de Ushuaia.
- Comienzos de septiembre de 2026: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo referencia al control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes y del acceso a la Antártida, y a la necesidad de instalar un puesto de control de tránsito.
- Octubre de 2026: En el marco del reinicio de la ruta comercial Punta Arenas–Stanley (buque Danstar) y de los reclamos argentinos por el proyecto petrolero Sea Lion, Buenos Aires condicionó la fluidez del vínculo bilateral a la postura chilena en la causa Malvinas.
Propiedades que confirman la conducta de Estado
La idea de control o proyección bioceánica aparece en la Armada, la Fuerza Aérea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad y el Congreso argentino. El Decreto 457 se promulgó en 2021 bajo Alberto Fernández y sigue vigente en 2026 bajo Javier Milei, de modo que la continuidad se impone a las diferencias ideológicas. Los discursos de los funcionarios se alinean, además, con instrumentos legales vigentes (Leyes 26.651 y 27.557; Decretos 256/2010 y 457/2021), y ningún organismo argentino ha desmentido el concepto de «país bicontinental y bioceánico», porque constituye doctrina oficial.
«Argentina ha mantenido históricamente aspiraciones de proyección hacia el Pacífico». «Cuando pareciera que una cuestión ha quedado definitivamente resuelta, surge una nueva diferencia». «La historia aconseja prudencia, pero también firmeza».
Almirantes (R) Miguel Ángel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González, Enrique Larrañaga, Julio Leiva y Juan Andrés De la Maza, excomandantes en jefe de la Armada de Chile. Carta a El Mercurio, 2 de septiembre de 2026 (reseña en T13).
Lo que la tesis debe explicar
La lectura de conducta de Estado tiene que hacerse cargo de hechos que la matizan. La declaración conjunta del 3 de septiembre reafirmó la soberanía chilena; el almirante Romay la reconoció expresamente, y la Presidencia argentina no ha hecho suya ninguna de las formulaciones más duras de sus subordinados.
Nada de esto desmiente la tesis, pero obliga a precisarla. Argentina repite, con distintas fórmulas, la pretensión de contar con un título para intervenir en el control del Estrecho y de sus accesos, aun cuando evita reclamar soberanía sobre sus aguas. A esa doctrina se suman intereses institucionales concretos, porque la Armada y la Fuerza Aérea argentinas compiten por presupuesto, y la Base de Ushuaia es su principal proyecto en el sur. También pesa la política interna, porque la ofensiva diplomática por Malvinas y la proximidad de las elecciones de 2027 premian el discurso reivindicativo.
Para Chile, el resultado acumulado es el mismo cualquiera sea el peso relativo de cada factor. La diferencia está en cómo responder: una doctrina se contesta con constancia jurídica; un interés burocrático o electoral, además, con costos políticos visibles para quien lo explota.
II. MATRIZ DOCTRINAL Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA
1. Del Protocolo de 1893 a la Doctrina Storni
El pilar ideológico de la posición argentina descansa en la interpretación del Artículo 2 del Protocolo Adicional y Aclaratorio de 1893, que dispone que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, ni Argentina hacia el Pacífico.
Chile sostiene que esa cláusula era estricta, aplicable únicamente a la demarcación de la cumbre de la cordillera de los Andes al norte del paralelo 52° S y accesoria al Tratado de 1881. Argentina la eleva a un «principio bioceánico» supralegal, ordenador de todo el régimen fronterizo austral.
En 1916, el vicealmirante Segundo Storni, en Intereses argentinos en el mar, convirtió la dimensión marítima en un asunto de poder estatal e interés nacional. La Ley 25.860 (2004) institucionalizó su legado al fijar el 16 de julio, natalicio de Storni, como Día de los Intereses Argentinos en el Mar.
La secuencia doctrinal puede resumirse en tres capas sucesivas: el Protocolo de 1893 fijó la línea territorial; Storni aportó la conciencia oceánica y marítima; y la escuela naval de Clement y Rojas fusionó ambas en una doctrina geopolítica de Estado.
2. Impugnación del Laudo y mutación posterior a 1984
En 1948, el almirante Gastón Clement sostuvo abiertamente que el Estrecho de Magallanes y el canal Beagle pertenecían a Argentina. Más tarde, el almirante Isaac Rojas promovió la impugnación del Laudo Arbitral de 1977.
Cuando la Corte de Arbitraje desestimó el principio bioceánico como regla jurídica autónoma, la Junta Militar argentina declaró el fallo «insanablemente nulo» el 25 de enero de 1978. Ante el dilema entre el derecho internacional y la doctrina geopolítica, el Estado argentino optó por la doctrina.
Tras el Tratado de Paz y Amistad de 1984, la doctrina no desapareció. Mutó de reclamación territorial directa a proyección funcional, administrativa, jurisdiccional y logística:
- La Ley 27.557 de 2020 fija, sobre la base de las recomendaciones de la CLPC de 2016, una plataforma continental extendida que se superpone en 5.302 km² con la plataforma continental jurídica de Chile al sur del punto F, sobre un total chileno de 25.383 km².
- El Decreto 256/2010 obliga a solicitar autorización previa a los buques que transiten entre puertos argentinos y las islas Malvinas, o que crucen aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.
- La Ley 26.651 de 2010 hace obligatorio el mapa bicontinental en todo el sistema escolar y administrativo argentino, y consolida una pedagogía de pérdida territorial e identidad oceánica.
- El Decreto 457/2021, directiva de política de defensa, clasifica al Estrecho de Magallanes y al Paso Drake («Mar de Hoces» en la nomenclatura argentina) como «espacios compartidos» que requieren «exploración, estudio y control conjunto».
III. LA TEORÍA DE LOS CICLOS LARGOS DE CRISIS
La historia de las relaciones bilaterales en el extremo austral responde a un patrón cíclico articulado en cuatro fases: i) divergencia doctrinal, ii) acumulación normativa y cartográfica, iii) detonante material y político interno, y iv) cierre mediante un tratado que deja ambigüedades abiertas.
Tabla 1. Comparativa de los tres ciclos largos de crisis
| Fase / Ciclo | Ciclo I (1876–1902) | Ciclo II (1948–1984) | Ciclo III (2009 – en desarrollo) |
|---|---|---|---|
| Apertura doctrinal | Cuestión de la Patagonia; invocación del principio bioceánico por peritos argentinos (1888) y Protocolo de 1893. | Declaraciones del almirante Clement (1948) sobre el Estrecho y el Beagle. Doctrina naval de Isaac Rojas. | Presentación argentina ante la CLPC (2009); Ley de Cartografía Bicontinental 26.651 (2010). |
| Acumulación y escalada | Discrepancia entre divortium aquarum y altas cumbres. Carrera naval; pre-conflicto en 1898 y 1901–1902. | Incidentes en islote Snipe (1958) y Laguna del Desierto (1965). Compromiso Arbitral (1971) y declaración de nulidad (1978). | Ley 27.557 (2020); Decreto 457/2021; DS 95 de Chile; disputas antárticas; incidentes en Hito 1 (2024); securitización estadounidense del Estrecho (2023–2025). |
| Detonante material | Incidentes demarcatorios e inestabilidad política en Buenos Aires. | Rechazo del Laudo de 1977; Operativo Soberanía (diciembre de 1978); Guerra de Malvinas (1982). | En incubación: ruta Danstar (Punta Arenas–Stanley); proyecto Sea Lion; Base Naval Integrada de Ushuaia con eventual apoyo de EE.UU.; elecciones argentinas (2027). |
| Papel de potencias externas | Arbitraje británico (laudo de Eduardo VII, 1902). | Embargos de armas de EE.UU. a ambos países; mediación de la Santa Sede. | Actor con interés propio en el control de los pasos australes, alineado de forma preferente con una de las partes. |
| Cierre y semilla futura | Cierre: Pactos de Mayo (1902). Semilla: vacíos sobre la delimitación en el canal Beagle. | Cierre: Mediación Papal y Tratado de Paz y Amistad de 1984. Semilla: delimitación cerrada en el punto F; indefinición del lecho marino al sur. | Abierto. Su desenlace dependerá de la constancia estratégica de Chile y de cómo gestione la triangulación con Washington. |
La fila sobre potencias externas explica la principal diferencia del tercer ciclo. En los dos primeros, los actores extrarregionales intervinieron como árbitros, mediadores o fuentes de restricción. En el actual, Estados Unidos tiene un interés estratégico propio en el extremo austral y ha encontrado en Buenos Aires su interlocutor más dispuesto.
Cronología de la incubación del tercer ciclo (2009–2026)
- 2009: Presentación argentina ante la CLPC reclamando plataforma al sur del punto F.
- 2010: Decreto 256 (control de navegación hacia Malvinas) y Ley 26.651 (mapa bicontinental escolar).
- 2020: Ley 27.557 aprueba la plataforma continental extendida.
- 2021: Decreto 457 proyecta el «control conjunto» del Estrecho. Chile responde con el DS 95 (Carta N° 8).
- 2023: El SHOA publica un gráfico ilustrativo de la plataforma antártica; protesta formal de Argentina. El Comando Sur advierte por primera vez sobre puertos de uso dual en el Estrecho.
- 2024: Paneles solares argentinos en Hito 1 e incidentes aéreos. Milei y la general Richardson presentan en Ushuaia la Base Naval Integrada.
- 2025: Argentina promete por escrito modificar el Decreto 457 (compromiso incumplido a octubre de 2026). El Comando Sur califica al Estrecho y al Drake de cuellos de botella estratégicos. EE.UU. publica su Estrategia de Seguridad Nacional.
- 2026: Saturación declarativa (Montero, Valverde, Quirno, Bullrich), controversia por el Danstar, reactivación de la base de Ushuaia y episodio del embajador Judd.
Límites del modelo
Tres ciclos son una muestra corta, y la periodización tiene un componente interpretativo. Por eso conviene no extraer de ella regularidades firmes, como la idea de que las latencias se acortan: pasar de 46 a 25 años entre ciclos es una observación sugerente, pero dos intervalos no constituyen una tendencia.
El modelo resulta útil como guía de apreciación si se acepta qué lo refutaría. La hipótesis del tercer ciclo perdería fuerza si Argentina derogara el Decreto 457 sin reemplazarlo por una figura equivalente, si la Presidencia desautorizara formalmente el concepto de control de los accesos al Estrecho o si las declaraciones de mandos militares cesaran sin mediar presión chilena.
IV. LOS CUATRO FRENTES ESTRATÉGICOS DE PRESIÓN
1. El Estrecho de Magallanes y su boca oriental
El Tratado de 1881 consagra la soberanía exclusiva de Chile sobre el Estrecho de Magallanes y declara su neutralidad y libre navegación. El Tratado de 1984 ratifica en su Artículo 10 la obligación expresa e incondicional de Argentina de permitir el paso expedito hacia y desde el Estrecho por sus aguas jurisdiccionales.
Afirmar que «la boca es argentina» supone una alteración semántica calculada. Funde las aguas de aproximación atlántica con el curso del Estrecho para transformar una obligación de paso en una facultad soberana de control e inspección. La propuesta de Bullrich de instalar un puesto de control de tránsito lleva esa alteración al terreno operativo.
2. El Paso Drake y la plataforma continental al sur del punto F
Las declaraciones del canciller Quirno y el marco regulatorio argentino buscan validar una práctica que, con el tiempo, permita reinterpretar la delimitación marítima.
La falta de una contestación formal y reiterada ante cada reclamo crea un precedente adverso, como se observó en el diferendo marítimo con el Perú ante la Corte Internacional de Justicia. La exdirectora de Fronteras y Límites, Ximena Fuentes, ha precisado que la pretensión argentina al sur del punto F se funda en la extensión geofísica del espolón de Tierra del Fuego y no en las islas Malvinas, por lo que Chile conserva plena base jurídica para defender la plataforma vinculada a su territorio antártico.
3. La cuña comercial Malvinas–Punta Arenas
La reapertura del enlace marítimo entre Punta Arenas y Puerto Stanley mediante el buque Danstar (Easter Island Naviera) abrió un frente de coerción económica.
Argentina exige a Chile condicionar o denegar el apoyo logístico comercial a las actividades en Malvinas, con el respaldo de iniciativas legislativas como el proyecto del diputado Guillermo Michel, que retiraría beneficios tributarios a empresas chilenas. En Chile, el exdiplomático Jorge G. Guzmán ha propuesto suspender el envío de «notas inconducentes». Este informe sostiene que la nota de protesta cumple la función de reservar derechos y que renunciar a ella tiene un costo jurídico acumulativo, porque un Estado que omite defender su posición jurídica termina por perderla.
4. La competencia logística y la proyección antártica
La Base Naval Integrada de Ushuaia busca disputar a Punta Arenas y Puerto Williams el rol de nodo principal de reabastecimiento de los programas antárticos internacionales. El almirante Romay lo dijo sin rodeos al lamentar que los buques argentinos dependan hoy de puertos chilenos.
Este frente tiene una segunda capa que la discusión pública suele pasar por alto. Desde 2024, el gobierno argentino ha presentado la base como un proyecto de cooperación con Estados Unidos, y en 2026 buscó un acuerdo técnico y financiero con Washington para concluirla. Si ese apoyo se concreta, Punta Arenas pasaría a competir con un nodo integrado al dispositivo hemisférico estadounidense, con un respaldo que ningún puerto nacional puede igualar por sí solo. La sección siguiente examina esa dimensión.
V. ESTADOS UNIDOS Y LA TRIANGULACIÓN DEL EXTREMO AUSTRAL
Desde 2023, Washington ha convertido el extremo austral en un asunto de su propia seguridad. Esa decisión modifica los incentivos de Buenos Aires y reduce los márgenes de Santiago, y ningún análisis de la conducta argentina puede prescindir de ella.
1. La securitización del Estrecho (2023–2025)
El Comando Sur ha construido en tres años un discurso consistente. En agosto de 2023, la general Laura Richardson advirtió que China podía levantar puertos de aguas profundas de uso dual en vías como el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes, convertibles con rapidez a fines militares. En su comparecencia ante el Congreso de 2024, señaló que una empresa estatal china buscaba construir instalaciones marítimas de uso dual en Argentina, cerca de Magallanes, el Drake y la Antártica.
En agosto de 2025, en la Conferencia de Defensa Sudamericana (SOUTHDEC 25), el almirante Alvin Holsey describió al Estrecho y al Paso Drake como cuellos de botella que el Partido Comunista Chino podría usar para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de los países de la región y la neutralidad antártica.
Conviene reparar en que esa advertencia se formuló en Buenos Aires. La doctrina bioceánica es antigua, pero hoy encuentra un marco que la vuelve funcional para Washington. La noción de «control» de los pasos, presente en el Decreto 457 y en las palabras de Bullrich, puede presentarse ante el Pentágono como contribución a la denegación de acceso a China. Lo que para Chile vulnera los tratados de 1881 y 1984, para el planificador estadounidense puede parecer un aliado dispuesto a vigilar un punto crítico.
2. La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 y la NDS 2026
Este medio ha analizado ambos documentos. La ESN de diciembre de 2025 reafirmó la Doctrina Monroe mediante el «Corolario Trump» y declaró al hemisferio occidental zona vedada a potencias extracontinentales. En nuestra lectura de entonces advertimos que Washington esperaría de sus socios, Chile incluido, mayores costos en la vigilancia de espacios comunes como el Pacífico Sur y los pasos bioceánicos, y que la cooperación en defensa podría quedar sujeta a la reducción de la huella china.
En febrero de 2026, a partir de la Estrategia de Defensa Nacional, describimos el papel que EE.UU. asigna a la región como parte de su profundidad estratégica ampliada: retaguardia segura, fuente de recursos críticos y zona de exclusión de rivales.
El extremo austral es el lugar donde esa lógica toca de manera más directa los intereses territoriales de Chile. Un Estrecho securitizado pasa a ser, en la percepción de Washington, un espacio cuya seguridad se comparte. Y lo compartido es, precisamente, lo que el Decreto 457 intenta instalar.
3. Buenos Aires como socio preferente
Argentina leyó la nueva estrategia con rapidez. El gobierno de Milei descartó la participación china en la Base Naval Integrada y, desde 2024, la presenta como proyecto de cooperación estratégica con EE.UU. Los hitos posteriores apuntan en la misma dirección:
- Abril de 2025: Holsey recorre las instalaciones navales de Ushuaia y recibe exposiciones sobre protección de rutas marítimas y operaciones antárticas.
- Fines de 2025: Un decreto autoriza el ingreso de fuerzas estadounidenses a la base naval de Tierra del Fuego entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre.
- Enero de 2026: Una delegación de 23 estadounidenses, siete de ellos congresistas, visita la provincia.
- Abril de 2026: Milei embarca en el portaaviones USS Nimitz durante el ejercicio Passex, parte de la misión Southern Seas del Comando Sur.
- 3 de septiembre de 2026: El mismo día de la declaración conjunta con Kast, Milei anuncia la reactivación por decreto de la Base Naval Integrada. El financiamiento estadounidense sigue sin cerrarse.
- 8 al 22 de septiembre de 2026: Infantes de marina estadounidenses entrenan en Ushuaia con el Batallón de Infantería de Marina N.° 4.
La hipótesis que se desprende de estos hechos, formulada con cautela, es que la asertividad argentina de 2026 se explica en parte por el respaldo que le otorga su alineamiento con Estados Unidos. Es la diferencia más relevante respecto de los ciclos anteriores. Argentina persigue su doctrina con un patrocinador, aunque este no la comparta.
4. El episodio Judd y la condicionalidad explícita
El 7 de octubre, en el Día del Comercio Global organizado por la CSAV, el embajador Brandon Judd vinculó el apoyo estadounidense para proteger los derechos de Chile sobre el Estrecho con la disposición chilena a cooperar en los asuntos prioritarios para Washington. Mencionó la cooperación militar, la seguridad y el empleo; aludió a la refinación del cobre, a las cadenas de suministro y a las expansiones portuarias, y se refirió al proyecto de cable Chile-China Express. Tras la respuesta del canciller Pérez Mackenna y de la mesa del Senado, sostuvo que sus palabras habían sido sacadas de contexto.
Un día antes, en un encuentro virtual de la Fundación Chilena del Pacífico, el embajador había afirmado que, conforme al Sistema del Tratado Antártico, no existe territorio antártico que pertenezca a Chile. Esa declaración pasó casi inadvertida, aunque es la de mayor alcance. Estados Unidos nunca ha reconocido reclamaciones antárticas, de modo que Judd no anunció una política nueva; la expresó sin los matices habituales. Por eso mismo, la tricontinentalidad que este informe propone como política de Estado debe contar con que la potencia hemisférica no reconoce uno de sus tres pilares.
Importa sobre todo la función que cumplió el Estrecho en el argumento del embajador, como moneda de negociación dentro de la agenda de contención de China. La secuencia coincide con la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, el 22 de septiembre, y con la interpelación al canciller del 28 de septiembre, donde se discutieron la doctrina «Donroe» y el propio papel de Judd. La bilateralidad que Chile ha buscado preservar en el sur ya está intervenida.
5. China, el vértice que explica el triángulo
La presión estadounidense sobre el extremo austral se explica por China: las flotas pesqueras que cruzan el Estrecho cada temporada bajo paso inocente, los proyectos portuarios de uso dual, los cables submarinos y la proyección antártica de Beijing. China es, al mismo tiempo, el principal socio comercial de Chile.
El aumento del tráfico refuerza esta valoración. Según la Armada, el paso de buques por el Estrecho creció más de 70% interanual en agosto y septiembre de 2026, por la sequía que restringe el Canal de Panamá y por desvíos derivados de las perturbaciones en Medio Oriente. La cifra debe leerse con cautela, porque 2025 fue un año bajo (2.394 naves, frente a 2.775 en 2024), pero confirma que el Estrecho vuelve a ser una ruta alternativa con valor sistémico.
Chile queda así en la posición más expuesta del triángulo. Es el soberano del paso que Washington quiere asegurar, el socio comercial del rival al que se busca excluir y el vecino de un Estado que ofrece a EE.UU. justamente aquello que Chile no puede compartir.
6. Hipótesis en competencia
La conducta futura de Washington es la principal incertidumbre del tercer ciclo. La Tabla 2 ordena cuatro escenarios posibles y las señales que permitirían distinguirlos.
Tabla 2. Escenarios de la triangulación austral
| Escenario | Lógica | Señales observables | Implicancia para Chile |
|---|---|---|---|
| A. EE.UU. como habilitador | Washington premia el alineamiento argentino y tolera la retórica bioceánica porque le es útil el «control» de los pasos. | Financiamiento de Ushuaia; presencia militar rotativa; silencio estadounidense ante declaraciones argentinas. | Chile enfrenta la doctrina argentina con un patrocinador detrás; el costo político de protestar aumenta. |
| B. EE.UU. como contenedor | Washington evita fricciones entre dos socios del Escudo de las Américas y presiona a ambos para moderarse. | Reconocimiento estadounidense explícito de la soberanía chilena sobre el Estrecho; gestiones discretas ante Buenos Aires. | Hay espacio para encauzar la disputa, pero depende de la voluntad de un tercero. |
| C. Presión sobre Chile por China | El Estrecho y la Antártica se usan como palanca para obtener decisiones chilenas sobre cobre, puertos o cables. | Nuevas condicionalidades explícitas; medidas sobre visas o aranceles; menciones de Chile en documentos del Comando Sur. | La cuestión austral queda subordinada a la competencia sino-estadounidense. |
| D. Desatención | Otras prioridades (Venezuela, Indo-Pacífico) reducen el interés en el sur. | Menos visitas de alto nivel; Ushuaia sin financiamiento; ausencia del tema en documentos oficiales. | Vuelve el escenario bilateral clásico; la constancia chilena resulta decisiva. |
Los escenarios A y C no se excluyen y, con la evidencia disponible a octubre de 2026, son los que mejor describen la situación. El B es el que Chile debería procurar activamente.
VI. FACTORES DIFERENCIALES Y DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD CHILENA
A diferencia del escenario de 1978, el tercer ciclo presenta condicionantes que alteran la gestión del riesgo:
Ambos países son democracias, lo que aleja el riesgo de aventuras militares como las de las juntas dictatoriales y traslada el choque a la diplomacia jurídica, la cartografía y las instituciones multilaterales. Estados Unidos dejó de ser un actor distante, y su interés en los pasos australes, su alineamiento preferente con Buenos Aires y su disposición a condicionar la cooperación con Santiago convierten la relación bilateral en un triángulo, al que se suma el Reino Unido por su presencia en Malvinas. El balance defensivo favorece operativamente a Chile, pero la incorporación argentina de material moderno, como los F-16, y el uso del Fondo Plurianual de las Fuerzas Armadas chilenas (Ley 21.174) como variable de ajuste presupuestario reducen las brechas disuasivas. Las redes sociales, por último, escalan las declaraciones en cuestión de horas y estrechan el espacio para la negociación reservada.
Vulnerabilidades estructurales del Estado de Chile
Chile tiende a dar por resuelto un incidente tras un desmentido verbal mientras las leyes y decretos de la contraparte siguen intactos. Carece de un acuerdo firme sobre la superposición de la plataforma continental al sur del punto F, depende del territorio argentino para la conectividad terrestre con la Región de Magallanes, moderniza con lentitud sus puertos y no cuenta con un marco con fuerza de ley que exija el mapa oficial tricontinental en toda la administración pública.
A ello se suman dos fragilidades nuevas. La potencia hemisférica no reconoce reclamaciones antárticas, como su embajador dijo públicamente, de modo que la tricontinentalidad carece hoy de respaldo en Washington. Y Chile adhirió al Escudo de las Américas sin explicar públicamente cómo se articula esa decisión con la defensa de sus intereses australes, mientras Argentina ocupa el lugar de socio preferente de Estados Unidos en el sur.
VII. MATRIZ ESTRATÉGICA DE RECOMENDACIONES
La versión anterior de este análisis recomendaba rechazar toda oferta de tutela extrarregional para preservar la bilateralidad. Ese objetivo ya no se corresponde con los hechos: la cuestión austral está intervenida por Washington, y Chile forma parte del Escudo de las Américas. La tarea consiste ahora en gestionar la triangulación sin ceder soberanía. Si a Estados Unidos le interesa un Estrecho seguro, Chile debe demostrar que es el único garante necesario de esa seguridad. Así se vacían de contenido tanto el «control conjunto» argentino como cualquier oferta condicionada de protección.
Tabla 3. Matriz de medidas prioritarias
| Eje de acción | Medida concreta | Propósito estratégico | Plazo de ejecución |
|---|---|---|---|
| Jurídico | Doctrina de protesta formal, sistemática y acumulativa ante cualquier declaración o norma argentina. | Impedir la consolidación de la aquiescencia o de una costumbre adversa. | Inmediato y permanente |
| Jurídico | Exigencia de derogación expresa del Decreto 457/2021 y aclaración interpretativa del Decreto 256/2010. | Neutralizar la pretensión normada de «control conjunto» del Estrecho. | Corto plazo (0–6 meses) |
| Jurídico | Creación de una Unidad Permanente de Litigio Estratégico (DIFROL, SHOA, academia). | Preparar la carpeta jurídica ante eventuales demandas sobre la plataforma al sur del punto F. | Corto plazo (0–6 meses) |
| Presencia | Garantizar el zarpe del buque Danstar bajo fiscalización e instructivo soberano de la Armada de Chile. | Hacer efectivo el derecho de libre navegación sin aceptar autorizaciones de terceros. | Inmediato (noviembre de 2026) |
| Presencia | Sistema integral de vigilancia del dominio marítimo del Estrecho y sus accesos, con informes públicos periódicos de tránsito y de control de flotas pesqueras. | Demostrar que la seguridad del Estrecho está garantizada por Chile y restar fundamento a cualquier oferta de «protección». | Mediano plazo (6–18 meses) |
| Presencia | Plan de inversión en infraestructura portuaria y servicios antárticos en Punta Arenas y Puerto Williams. | Neutralizar la ventaja logística que proyecta la Base Naval de Ushuaia. | Mediano plazo (6–18 meses) |
| Política exterior | Desvincular el apoyo a la causa Malvinas de la regulación de las actividades comerciales lícitas magallánicas. | Proteger el margen de maniobra comercial sin alterar la postura multilateral. | Inmediato |
| Política exterior | Cooperación sin delegación con EE.UU.: ofrecer intercambio de información marítima e interoperabilidad en el Estrecho, bajo mando y jurisdicción exclusivamente chilenos. | Hacer coincidir el interés estadounidense en el paso con la soberanía chilena y evitar que Washington vea en Argentina a su único socio austral. | Corto plazo (0–6 meses) |
| Política exterior | Comunicación formal al Departamento de Estado sobre el régimen del Estrecho y el alcance del Artículo 10 del Tratado de 1984. | Dejar constancia de la posición chilena en Washington antes de cualquier acuerdo estadounidense sobre Ushuaia. | Corto plazo (0–6 meses) |
| Política exterior | Línea diplomática antártica ante EE.UU.: reserva expresa frente a declaraciones como las del embajador Judd y coordinación con los demás Estados reclamantes en defensa del Artículo IV del Tratado Antártico. | Evitar que el no reconocimiento estadounidense evolucione hacia una negación activa de los derechos chilenos. | Mediano plazo (6–18 meses) |
| Política exterior | Diálogo político-estratégico con Brasil sobre Atlántico Sur y Antártica. | Construir masa crítica regional y evitar que la cuestión austral se resuelva solo entre Washington y Buenos Aires. | Mediano plazo (6–18 meses) |
| Política exterior | Declaración interpretativa sobre la adhesión al Escudo de las Américas, que excluya expresamente materias de soberanía territorial y marítima. | Impedir que la cooperación contra el crimen organizado se convierta en canal de condicionalidad sobre el Estrecho. | Corto plazo (0–6 meses) |
| Doctrina | Promulgación de una Ley de Cartografía Oficial Tricontinental obligatoria para el sistema educativo y el Estado. | Institucionalizar la visión de Chile como país tricontinental en el plano pedagógico y normativo. | Mediano plazo (6–24 meses) |
| Doctrina | Canal único de vocería oficial para temas de soberanía e historia fronteriza. | Mantener la disciplina declarativa y evitar costos por declaraciones imprudentes. | Inmediato |
VIII. SISTEMA DE INDICADORES DE TENSIÓN
El tercer ciclo pasa de la incubación a la fase detonante cuando una pretensión normativa se convierte en un acto material sobre un buque, una ruta o un puerto. El caso Danstar reúne por primera vez las condiciones para ese salto, porque el buque sale del Estrecho por la boca oriental y debe cruzar aguas jurisdiccionales argentinas camino de Puerto Stanley. El Artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a Argentina a mantener la navegación expedita y sin obstáculos de los buques de todas las banderas hacia y desde el Estrecho, de modo que una interceptación en esa zona pondría en juego el tratado y no solo una controversia comercial.
El sistema distingue tres niveles. En latencia, la doctrina se expresa en normas y declaraciones sin efecto material. En alerta aparecen exigencias formales, despliegues o sanciones en trámite. En crisis, un órgano del Estado argentino actúa sobre un buque, una empresa o un espacio bajo soberanía o derecho chileno. Al 27 de octubre de 2026 la tensión está en nivel de alerta, y el seguimiento debe ser diario entre el 3 y el 20 de noviembre y quincenal después.
Tabla 4. Indicadores de tensión en el extremo austral
| Indicador | Señal de alerta | Umbral de crisis | Estado al 27 de octubre de 2026 |
|---|---|---|---|
| Trato al Danstar | Exigencia de autorización previa conforme al Decreto 256/2010, o anuncio de que el paso se calificará de no inocente | Orden de detenerse, abordaje, escolta forzada a puerto argentino o multa | Alerta alta. Fuentes diplomáticas describen la intención de detener, escoltar y multar al buque |
| Calificación jurídica del paso | Declaración oficial que vincule la carga al proyecto Sea Lion o invoque el artículo 19 de la Convemar | Acto administrativo que declare infractores al buque o a la naviera | Señal presente. El canciller Quirno condicionó el paso inocente a que no haya contrabando ni apoyo a Sea Lion |
| Despliegue en la boca oriental | Más unidades de Prefectura o de la Armada Argentina frente a cabo Vírgenes y en las aguas de aproximación | Asignación de una unidad de guerra a la interceptación | Sin información pública; requiere seguimiento AIS y de avisos a los navegantes |
| Nivel de la vocería | Ministros o mandos militares hablan de control de los accesos | La Presidencia argentina hace suya la tesis del control o del paso no inocente | Alerta. Hablan el canciller y la ministra de Seguridad; Milei no se ha pronunciado |
| Instrumentos normativos | Nueva directiva que mantenga el «control conjunto» | Norma que extienda el régimen del Decreto 256/2010 a buques que zarpan desde Chile | Decreto 457/2021 vigente; el compromiso de 2025 de modificarlo sigue incumplido |
| Coerción económica | Avance del proyecto Michel o del proyecto de la Legislatura de Tierra del Fuego | Sanción aprobada contra empresas chilenas o contra Easter Island Naviera | En trámite, sin sanción aplicada |
| Base de Ushuaia y patrocinio estadounidense | Acuerdo técnico y financiero con Washington | Presencia militar estadounidense permanente o respaldo explícito al «control» argentino | Reactivación por decreto del 3 de septiembre; financiamiento sin cerrar |
| Terceras potencias | Declaraciones que condicionen el apoyo a Chile, como las del embajador Judd del 7 de octubre | Respaldo estadounidense a una interceptación, o escolta británica al buque | Alerta. Kast conversó con el primer ministro británico el 23 de octubre |
| Respuesta chilena | La Armada evalúa acompañar al buque; las comisiones del Senado sesionan en reserva | Unidades chilenas y argentinas operando en la misma zona durante el tránsito | Versiones contradictorias sobre una eventual escolta |
| Plataforma al sur del punto F | Nueva nota argentina o gestión ante la CLPC | Acción ante un tribunal internacional | Sin novedad |
| Calendario electoral argentino | La causa Malvinas y el sur austral entran en la agenda de campaña rumbo a 2027 | Compromisos de campaña sobre el control del Estrecho | En aumento, con la Liga Naval, centros de veteranos y legisladores fueguinos |
Un dato debe aclararse cuanto antes. Algunas fuentes describen al Danstar con bandera chilena y otras indican que no la llevará. Con bandera chilena, una interceptación sería un incidente entre Estados; con bandera de conveniencia, Argentina gana margen para presentarla como un asunto comercial.
IX. CONCLUSIÓN
Argentina sostiene una doctrina geopolítica permanente, que ha sobrevivido a los tratados de 1881, 1893 y 1984, a derrotas militares y a cambios de régimen. Chile tiene títulos jurídicos inobjetables, pero tiende a dar por cerrados los diferendos ante compromisos meramente formales.
Para modificar el statu quo en el extremo austral, a Buenos Aires le basta inducir el cansancio y el silencio de las instituciones chilenas, sin necesidad de una victoria militar ni de una renuncia expresa. El patrocinio estadounidense del socio argentino y el caso Danstar elevan el costo de ese silencio. La tarea del Estado de Chile es sostener la constancia de su posición, ejercer soberanía territorial y marítima de forma permanente, protestar ante cada vulneración del marco jurídico y asumir la zona austral como centro de su proyección tricontinental, es decir, desarrollar una identidad geopolítica nacional en el seno de la conducción política del país.
